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Seminario en Huaraz 22 de septiembre 2012 Reforma Tributaria 2012 Impuesto a la Renta, Código Tributario, IGV, Ley Penal Tributaria, Detracciones

Seminario en Huaraz: Reforma Tributaria 2012 Impuesto a la Renta, Código Tributario, IGV, Ley Penal Tributaria, Detracciones

Sábado 22 de septiembre 2012

Lugar: AUDITORIO TELEMATICA- Universidad Nacional Antúnez de Mayolo UNASAM- Centenario

Nuevamente una gran alegría regresar a Huaraz para compartir estos temas con grandes amigos. Un abrazo para todos en especial para el Dr. Loel Bedón ya estamos coordinando diversos temas más adelante. Saludos cordiales, Alan Emilio

Informes e inscripciones en Huaraz:

Teléfonos:

–          Oficina General de  Economía y Abastecimientos-UNASAM

–          Av. Centenario N°200- Independencia- Huaraz-  Cel. 943613237 RPM #943613237

Temario: 

Este seminario tiene como objetivo principal analizar y comentar en forma resumida todas las reformas y cambios a la Legislación tributaria en el año 2,012 – 2013, así como las  últimas novedades legales, jurisprudenciales, tributarias de las principales operaciones económicas y financieras de las empresas privadas de nuestro país; revisar los temas de debate actual en materia tributaria con incidencia en el quehacer diario de las empresas.

– Lineamientos jurisprudenciales del sistema de detracciones del IGV.
– Aplicación de las resoluciones que amplían el sistema de detracciones a los demás servicios gravados con el IGV.
– Implicancias tributarias de los Decretos Legislativos N°s 1108, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115,1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,1123, 1124 y 1125 recientemente emitidos relacionados al Impuesto a la Renta, Código Tributario, Ley Penal Tributaria.
– Jurisprudencia y criterios de la Administración 2011-2012 de relevancia tributaria.

Expositor: Alan Emilio Matos Barzola

– Especialista en Derecho Tributario, en Normas Internacionales de Información Financiera.

– Docente del Programa de Especialización en Tributación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

– Se ha desempeñado como asesor tributario contable en la revista Contadores & Empresas, y otras publicaciones de Gaceta Jurídica, así como de Caballero Bustamante y Actualidad Empresarial, además de haber laborado en la Central de Consultas de SUNAT.

– Ha sido asesor tributario contable en el Estudio Navarro, Ferrero & Pazos Abogados.

– Autor del espacio virtual “Tributación Perú” con más de cuatro millones de visitas en Internet.

-Expositor permanente en cursos, seminarios y congresos sobre temas de su especialidad a nivel nacional, también en el Post Grado de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo UNASAM en Huaraz.

Informes e inscripciones en Huaraz:

–          Oficina General de  Economía y Abastecimientos-UNASAM

–          Av. Centenario N°200- Independencia- Huaraz-  Cel. 943613237 RPM #943613237

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Decreto Supremo 006-2012-EF Reglamento de la Ley 29625 Ley de devolución de dinero del FONAVI

Alan Emilio Matos Barzola

Reglamento de la Ley 29625 Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo

Decreto Supremo 006-2012-EF

Descargar norma completa y formatos en: 

http://tributacionperuamatos.blogspot.com/#!/2012/01/decreto-supremo-006-2012-ef-reglamento.html

http://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2012/01/13/decreto-supremo-006-2012-ef-reglamento-de-la-ley-29625-ley-de-devolucion-de-dinero-del-fonavi/

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo DECRETO SUPREMO N° 006-2012-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 29625, Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, el Reglamento de la referida Ley será elaborado por la Comisión Ad Hoc, el mismo que será aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625, ha elaborado el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29625, Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo;

Que, en tal sentido, es necesario aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29625, Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29625, Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2012;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación

Apruébese el Reglamento de la Ley 29625, Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, que consta de VII Capítulos, 26 Artículos y Cinco (05) Disposiciones Transitorias Finales, cuyos textos forman parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Financiamiento

Las acciones y procedimientos de administración y recuperación de las acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI regulados en el presente Reglamento, serán fi nanciados con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3º.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de enero del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29625, LEY DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DEL FONAVI A LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON AL MISMO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 1º.- Objeto

La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, sin perjuicio de las normas reglamentarias complementarias que se dictarán en forma progresiva, a propuesta de la Comisión Ad Hoc.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de observancia obligatoria y se aplicará a todos los contribuyentes al FONAVI, así como a todas las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, órganos y organismos públicos, fondos, programas con personería jurídica o sin ella, que hayan tenido o tengan recursos del FONAVI, función, vínculo o relación con el FONAVI, o posean datos e información del mismo.

Artículo 3º.- Referencias

Para efectos del presente Reglamento, toda mención a la Ley, se entenderá referida a la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo; y la mención de un artículo sin indicar referencia a norma alguna, se entenderá referido al presente Reglamento

Artículo 4º.- Definiciones

Para efectos del Reglamento deberá entenderse por:

ANFPP.- Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú.

Aportes.- Los aportes son de dos tipos:

Aporte del Trabajador.- Toda aquella contribución al FONAVI que fue descontada de la remuneración del trabajador, durante el tiempo de vigencia del FONAVI.

Aporte del Empleador.- Toda aquella contribución al FONAVI que fue aportada por el empleador en base a la remuneración del trabajador, durante el tiempo de vigencia del FONAVI.

Comisión.- Comisión Ad-Hoc a que se refieren los artículos 4º y 5º de la Ley, que tiene las atribuciones que le confieren la Ley, el presente Reglamento y las normas reglamentarias complementarias que se dicten para tal efecto.

Empleadores.- Personas jurídicas o naturales que, en su condición de empleadores, aportaron al FONAVI.

FONAVI o Fondo.- Fondo Nacional de Vivienda, creado por el Decreto Ley Nº 22591, de fecha 30 de junio de 1979, que tuvo como finalidad satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos. Inició su liquidación el 28 de agosto de 1998, fecha en que entró en vigencia la Ley Nº 26969.

Fonavistas.- Personas naturales que en calidad de trabajadores obligatoria o facultativamente contribuyeron al FONAVI.

Fonavista Beneficiario.- Persona natural que, habiendo contribuido al FONAVI en su condición de trabajador, se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Fonavistas y califique como beneficiario de la Ley de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento. También se considera beneficiario a los herederos en caso de fallecimiento, debidamente acreditados como tales de conformidad con las normas aplicables a la seguridad social y, a los representantes debidamente autorizados mediante carta poder con firma legalizada notarialmente o mediante escritura pública.

MEF.- Ministerio de Economía y Finanzas

OGA-MEF.- Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas

Padrón de Fonavistas de la Comisión Ad-Hoc.- Relación de personas para las cuales la Comisión Ad-Hoc dispone de información de su historia laboral proveniente de fuentes oficiales y privadas y, otras que facilitan el inicio de la identificación de Fonavistas Beneficiarios, tales como el padrón de la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú (ANFPP).

Sistema de Información.- SIFONAVI.- Aplicativo que incorpora la historia laboral del Fonavista, construido por la Comisión para facilitar el proceso de devolución de los aportes al FONAVI.

Artículo 5º.- Gratuidad de los procedimientos

Todos los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión Ad-Hoc, establecidos y/o que se deriven del presente Reglamento son gratuitos, incluyendo la consulta de la historia laboral en el SIFONAVI, así como el uso de formatos establecidos. No será obligatoria la intervención de abogado para el inicio o seguimiento de los procedimientos que se establezcan, salvo disposición legal expresa.

Artículo 6º.- Cómputo de plazos

Los plazos establecidos en el Reglamento se computarán en días hábiles, pudiendo ser éstos prorrogados a solicitud de la Comisión.

Alan Emilio Matos Barzola

CAPÍTULO II COMISIÓN AD-HOC

Artículo 7º.- Conformación

La Comisión es un órgano colegiado y está conformado por los representantes previstos en el artículo 5° de la Ley. La Comisión podrá desarrollar sus funciones con los representantes de las entidades que hayan cumplido con su designación y acreditación conforme a las formalidades que resulten aplicables. Las Sesiones de la Comisión se rigen por el Reglamento Interno aprobado por ésta.

Artículo 8º.- Atribuciones de la Comisión

De conformidad con lo establecido en la Ley, la Comisión tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

a) Aprobar su Reglamento Interno.

b) Elaborar y acordar las normas reglamentarias complementarias al presente Reglamento, para su aprobación por decreto supremo.

c) Asumir la administración y recuperación de las acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI.

d) Recibir de la ANFPP los padrones que sirvieron de base a la iniciativa legislativa.

e) Llevar adelante la construcción de la historia laboral de los Fonavistas, tomando en consideración los padrones proporcionados por la ANFPP y la información señalada en los artículos 22° y siguientes.

f) Efectuar un Registro de Aportaciones y Derechos para conformar una Cuenta Individual por cada Fonavista Beneficiario.

g) Efectuar un proceso de liquidación para la actualización de cada Cuenta Individual.

h) Notificar y entregar a cada Fonavista Beneficiario el valor total actualizado de los aportes y derechos a devolverse a través de un Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista.

i) Aprobar la estructura de la Secretaría Técnica a propuesta de ésta.

j) Realizar todos los procedimientos y procesos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley. El ejercicio de dichas atribuciones y obligaciones por la Comisión, así como las que resulten necesarias o complementarias para el cumplimiento de los fines para los que fue creada, se sujetarán a las disposiciones de la Ley y a lo establecido en el Reglamento y a las normas reglamentarias complementarias que se dicten para tal efecto.

Artículo 9º.- Apoyo de terceros y contrataciones

La Comisión, a través de la Secretaría Técnica, podrá contratar servicios de terceros especializados para el mejor cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

Alan Emilio Matos Barzola

CAPÍTULO III Secretaría Técnica

Artículo 10º.- Creación

La Comisión contará con el apoyo de una Secretaría Técnica que operará como órgano ejecutivo y operativo, la cual constituye una Unidad Ejecutora, perteneciente al Pliego MEF, de apoyo a la Comisión, creada mediante la Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2012.

La Secretaría Técnica estará a cargo de un Secretario Técnico designado por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas a propuesta de la Comisión y tendrá las funciones establecidas en el Reglamento y en las normas reglamentarias complementarias que se dicten para tal efecto.

Artículo 11º.- Funciones de la Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica, como órgano ejecutivo y técnico de la Comisión, tiene las siguientes funciones:

1. Proponer estrategias que le sean solicitadas, para llevar a cabo lo establecido en la Ley y el Reglamento.

2. Prestar apoyo técnico, legal y administrativo que le sea requerido, para cumplir los fi nes de la presente norma.

3. Monitorear el desarrollo de los procesos establecidos en la Ley y el presente Reglamento.

4. Apoyar en la elaboración de propuestas técnicas.

5. Coordinar con las distintas entidades públicas o privadas, sobre cualquier aspecto que se encuentre bajo el ámbito de competencia de ésta, cuando le sea solicitado.

6. Solicitar, con conocimiento de la Comisión, información a cualquier entidad, pública o privada.

7. Gestionar, cuando le sea solicitado, la contratación de los servicios y personal necesarios que demande la ejecución de las actividades de administración y recuperación de los recursos del FONAVI en liquidación, de conformidad con lo establecido en la Ley.

8. Tener bajo custodia el acervo documentario que se le transfiera y el que se origine a partir de las funciones de la Comisión.

9. Representar a la Comisión, por encargo de ésta, ante cualquier autoridad o persona natural o jurídica, privada o pública.

10. Elaborar y remitir las comunicaciones oficiales; así como mantener organizado y actualizado un registro de documentos enviados y recibidos.

11. Difundir los comunicados emitidos por la Comisión.

12. Expedir las certificaciones e informes que soliciten las autoridades y particulares, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

13. Llevar el libro de actas de las reuniones de la Comisión, las cuales una vez aprobadas deberán ser firmadas por los miembros de la Comisión.

14. Supervisar la debida ejecución de los convenios o contratos con terceros.

15. Realizar o encargar auditorías respecto a los procesos sujetos a la Ley y el Reglamento.

16. Dar cuenta a la Comisión sobre el desarrollo de sus actividades en forma trimestral y cuando sea requerido.

17. Otras funciones que le sean encargadas por la Comisión o el Reglamento.

Artículo 12º.- Funciones del Secretario Técnico

Corresponde al Secretario Técnico:

1. Cumplir con la función de enlace administrativo entre la Comisión Ad-Hoc y el MEF.

2. Cumplir con las funciones asignadas a la Secretaría Técnica.

3. Organizar el trabajo de la Secretaría Técnica.

4. Proponer las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría Técnica.

5. Coordinar y supervisar el trabajo y actividades del equipo de apoyo a la Secretaría Técnica y a la Comisión, así como de los terceros contratados.

6. Ejecutar los acuerdos adoptados y realizar acciones de coordinación y seguimiento de las actividades encargadas.

7. Llevar el Libro de Actas.

8. Guardar reserva respecto de los asuntos tratados y/o relacionados con la Comisión; y,

9. Otras que le sean asignadas por la Comisión.

Artículo 13º.- Del presupuesto de la Secretaría Técnica

Los gastos que demande el funcionamiento de la Unidad Ejecutora serán atendidos con cargo a su presupuesto de acuerdo a Ley.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONAVI

Artículo 14º.- Administración de recursos

La Comisión, con el apoyo de la Secretaría Técnica, se encargará de la administración y recuperación de las acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI.

Alan Emilio Matos Barzola

CAPÍTULO V ACTOS PREPARATORIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES DEL FONAVI A LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON AL MISMO

Artículo 15º.- Descripción

Se entenderá como Actos Preparatorios a todas aquellas actividades, procedimientos y mecanismos necesarios para la puesta en marcha del procedimiento de identificación, registro, estimación y devolución de Aportes a los Fonavistas Beneficiarios de la Ley 29625. Esta etapa comprende también la elaboración de un argumentario.

Artículo 16º.- Implementación de la organización e infraestructura de la Unidad Ejecutora.

A partir de la publicación del presente Reglamento, la Comisión a través de la Secretaría Técnica, procederá a las acciones pertinentes para la implementación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus funciones. Para tal efecto, el Secretario Técnico en un plazo de treinta días contados a partir de su designación, propondrá a la Comisión un Plan de Acción para el desarrollo de las actividades propias de dicha implementación.

Artículo 17º.- Elaboración del Procedimiento para la recepción del Formulario de Inscripción.

La Comisión aprobará, a propuesta de la Secretaría Técnica, el Procedimiento de presentación del Formulario de Inscripción de la Ley Nº 29625, que forma parte del Reglamento y que incluye el Historial Laboral para el periodo de aportes al FONAVI.

Artículo 18º.- Difusión del Procedimiento

El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será difundido a nivel nacional a través de diferentes medios: – Centros de atención al público FONAVI, en Lima y Provincias a cargo de entidades públicas autorizadas por la Comisión en virtud de convenios suscritos con ésta. – Página Web de la Comisión. – Medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 19º.- Padrón de la ANFPP

A la entrada en vigencia del Reglamento, la Comisión recibirá el Padrón de la ANFPP, que dio base a la iniciativa legislativa para facilitar el inicio de la identificación y elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, el mismo que será derivado a la Secretaría Técnica para los fines establecidos en la Ley.

Artículo 20º.- Orientación

Mediante el Proceso de Orientación, se brinda al Fonavista la asesoría sobre los pasos a seguir para la presentación a la Comisión del Formulario de Inscripción.

Artículo 21º.- Historial laboral

El Fonavista registrará y presentará su historial laboral a través del Formulario de Inscripción.

Alan Emilio Matos Barzola

CAPÍTULO VI ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS APORTES A PARTIR DE LO INFORMADO POR EMPLEADORES E INSTITUCIONES

Artículo 22º.- Solicitud de Información a ONP y SBS

La Comisión solicitará a la Oficina de Normalización Previsional – ONP y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la información relativa al historial laboral de los trabajadores que aportaron al FONAVI durante su período de vigencia.

Artículo 23º.- Obligación del empleador

Las instituciones públicas y privadas que desarrollaron actividades en el período de aportaciones al FONAVI, tienen como obligación procesar la información de sus aportes al FONAVI requerida por la Comisión según el Formulario Nº 2, anexo a este Reglamento, identificando a cada trabajador aportante. Esta información será cargada en el SIFONAVI, sistema informático de la Comisión, en un plazo máximo de un año, asumiendo el empleador la responsabilidad por la veracidad de la información proporcionada. La Secretaría Técnica desarrollará los procesos de certificación necesarios para garantizar la veracidad, idoneidad e integridad de la información registrada.

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 24º.- Primera etapa de Generación de la Base de Datos de Fonavistas Beneficiarios.

La Comisión, en una primera etapa, generará una Base de Datos de Fonavistas Beneficiarios a partir de la información recibida tanto de las instituciones públicas como privadas mencionadas en los artículos 22 y 23.

Artículo 25º.- Procesos de Auditoría Operativa para la Calidad de Datos

La Comisión realizará diversos procesos de auditoría sobre la calidad de los datos validados y registrados en el sistema informático SIFONAVI, considerando las recomendaciones de la Norma Técnica Peruana – ISO 2859 – 1 y Norma Técnica Peruana – ISO 2859 – 2 según tamaño de muestra.

Artículo 26º.- Suspensión del procedimiento

Se suspenderá el procedimiento establecido en el presente Reglamento, en cada caso, cuando la Comisión verifique la presentación de documentación falsa y/o adulterada, por parte del interesado, en cualquier fase del procedimiento, a fi n de remitir el expediente administrativo al Ministerio Público para que evalúe la procedencia del inicio de las acciones penales que correspondan.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento y en las normas complementarias que se dicten para tal efecto, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Segunda.- Son de aplicación supletoria a las disposiciones de este Reglamento y a las normas reglamentarias complementarias que se dicten para tal efecto, las normas reglamentarias de procedimiento de la ONP que se encuentren vigentes, en lo que resulte pertinente.

Tercera.- Todos los Pliegos deberán acreditar ante la Secretaría Técnica de la Comisión a un representante, cuya designación deberá ser formalizada mediante una Resolución suscrita por el Titular del Pliego. Este funcionario será responsable de atender los requerimientos que la Comisión demande respecto a la reconstrucción del historial laboral de los Fonavistas. Para el caso de Gobiernos Regionales y Locales será un funcionario con rango de Gerente.

Cuarta.- Los integrantes de la Comisión se encuentran sujetos al cumplimiento de la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, sus normas modificatorias y reglamentarias.

Quinta.- La Comisión identificará y requerirá a las entidades y empresas públicas y privadas, la transferencia de acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI que se encuentren administrando.

Formato 1

Formato 2

Ley 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios

Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT.

Descargar texto completo de la norma en: Ley 29785 Alan Emilio Matos Barzola

Acceso a la información sobre examen de admisión de universidades particulares

Alan Emilio Matos Barzola

El Tribunal Constitucional mediante Exp. Nº 00060-2011-Q/TC resuelve en form apropiada el siguiente caso:

Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”

El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 dela Constituciónde 1993, sino también en el artículo 13 dela Convención Americanasobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado porla Corte Interamericanade Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.

En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública y que, por ende, sea exigible y conocible por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 dela LeyNº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la dela Sentenciarecaída en el Expediente Nº 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo este el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

b) La educación como un servicio de naturaleza pública

Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público” debido a su carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, está orientado a la satisfacción de necesidades que repercuten sobre el interés general. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos resultarían lesivos del derecho fundamental de acceso a la información.

c) Análisis del caso materia de controversia constitucional

Este Tribunal considera que la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, números de reclamos administrativos de los dos últimos años que hayan tenido relación con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, así como sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten, se encuentra vinculada a las características del servicio educativo que brinda la emplazada.

Por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho fundamental reclamado, la presente demanda deberá estimarse, otorgándosele al efecto la tutela constitucional correspondiente.

Mejorar servicios de abastecimiento no puede amenazar la tranquilidad, integridad o la vida

Alan Emilio Matos Barzola

El Tribunal Constitucional al resolver el Exp. Nº 02491-2010-PA/TC puntualiza este criterio acertado y que desecha la “idiotez” que preginan algunos de hacer obras por hacer sin importar si se joroba a los demás:

Conviene puntualizar que el hecho de que exista una necesidad por mejorar los servicios de abastecimiento eléctrico en beneficio de un grupo de ciudadanos, no significa que ésta se satisfaga afectando los intereses de esos mismos ciudadanos o de otros distintos, como parece ocurrir en el presente caso, pues se ha acreditado de autos que la referida subestación aérea constituye un riesgo potencial y además permanente para la propiedad de la actora y, sobre todo, para la tranquilidad, integridad y la vida de quienes son moradores o habitantes de su predio, debido a que la emplazada, al no haber obtenido la autorización municipal para la ejecución de la obra, no ha acreditado técnicamente que ésta no representa una amenaza de los derechos fundamentales citados.

Por consiguiente al no existir la citada autorización se infiere que las instalaciones realizadas por la demandada carecen de toda validez, constituyendo más bien dicha omisión una amenaza sobre los derechos constitucionales a la tranquilidad, a la integridad y a la vida de las personas que habitan el inmueble propiedad de la demandante.

Ley 29719 promueve la convivencia en las instituciones educativas

Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.

Artículo 2.- Alcance de la Ley

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre si, que provoca violevncia y saldo de víctimas.

Artículo 3.- Designación de un profesional de Psicología

Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre 2012.

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei)

El Consejo Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones; acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos.

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido entre las instituciones educativas.

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.

Artículo 6. Obligaciones de los docentes

Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional (Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días.

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.

Artículo 7. Obligaciones del director de la institución educativa

El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo Educativo Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. Además, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores.

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa.

Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa o ante el Consejo Educativo Institucional (Conei).

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva.

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado

La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.

Además, realiza las acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de Educación le otorgan las facilidades que requiera.

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, de conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; para lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, disponer las acciones de comprobación que estime pertinentes, así como imponer las sanciones correspondientes.

Los resultados de la supervisión son comunicados a la comunidad educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación de correctivos.

El Indecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones educativas, las sanciones impuestas y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo.

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 12.- Medidas de asistencia y protección

Los estudiantes víctimas de violencia o de  acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada.

Artículo 13. Entrega de boletín informativo

Toda institución educativa debe entegar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa.

Disposiciones complementarias finales

Primera.- El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la presente ley en el plazo de sesenta días calendario.

Segunda.- Deróganse o déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Descargar norma en PDF en Alan Emilio Matos Barzola Ley 29719

El concepto de “propiedad” según la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alan Emilio Matos Barzola

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir sentencia en el Caso CDH Abrill Alosilla y Otros versus Perú, de fecha 04 de marzo del 2011, específicamente en sus párrafos 82 y 83: 

“este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles74, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona75. Asimismo,la Corteha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas76. Respecto a los derechos adquiridos, cabe resaltar que éstos constituyen uno de los fundamentos del “principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes”77. Por último, resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones78, siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 2179.

Por otra parte, en otro caso80 esta Corte declaró una violación del derecho a la propiedad por la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de sentencias que pretendían proteger el derecho a una pensión. El Tribunal señaló que, desde el momento en que un pensionista cumple con los requisitos para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de las pensiones. Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene “efectos patrimoniales”81, los cuales están protegidos bajo el artículo 21 dela Convención82. Al respecto,la Corte considera que igual que las pensiones que han cumplido con los requisitos de ley son parte del patrimonio de un trabajador, el salario, los beneficios y aumentos que ingresen al mismo también se encuentran protegidos por el derecho a la propiedad consagrado enla Convención83.”

74 Al respecto, en el derecho consuetudinario internacional se ha establecido que el tipo de propiedad protegida que puede ser objeto de expropiación no se limita a bienes muebles o inmuebles. Por el contrario, los derechos intangibles, incluidos los derechos contractuales, han sido protegidos como derechos adquiridos en varias sentencias de arbitraje. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSIIP), Case of Wena Hotels Ltd. v. Egyp. No. ARB/98/4. Award of 8 December of 2000, para. 98, y Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, No. ARB/84/3, Review 328,375 of 1993. Asimismo, Corte Internacional de Justicia, Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia. Merits. Judgment of 25 of may 1926. Serie A. No. 7.

75 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 120-122; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría), supra nota 68, párr. 84.

76 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 102; Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 84.

77 Sentencia C-147/97 dela Corte Constitucionalde Colombia de 19 de marzo de 1997.

78 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra nota 76, párr. 128; Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párrs. 60 y 61, y Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 399.

79 Cfr. Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párr. 54; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 84.

80 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77.

81 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77, párr. 103, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 85.

82 Al respecto, en el citado caso, el Tribunal declaró que al haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venían percibiendo las víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstos, el Estado violó el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77, párrs. 115 y 121.

83 En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que “los órganos de la Convención han indicado constantemente que el ingreso que ha sido devengado, constituye una “posesión” en los términos del artículo 1 del Protocolo 1 de la Convención”. ECHR, Case of Lelas v. Croatia, Judgment of 20 may 2010, para. 58, Case of Bahçeyaka v. Turkey, Judgment of 13 July 2006 para. 34 y Case of Schettini and others v. Italy (dec.), Judgment of 9 November 2000, para. 1.