DERECHO

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Título Preliminar

Principios

I. Principio de Prevención

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimientod los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

II. Principio de responsabilidad

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas vigentes.

III. Principio de cooperación

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

IV. Principio de Información y capacitación

Las organizaciones sindicales y los trabajadores recibe del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.

V. Principio de Gestión Integral

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa.

VI. Principio de atención integral de la salud

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinsersión laboral.

VII. Principio de consulta y participación

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.

VIII. Principio de Primacía de la Realidad

Los empleadores, los trabajadores y los demás representantes de ambos, y demás  entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. de existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.

IX. Principio de Protección

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a:

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia.

Artículo 3. Normas mínimas

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.

TÍTULO II

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Alan Emilio Matos Barzola

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores:

a) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos, operaciones y procesos).

b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores.

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene.

d) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y en todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive.

e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente.

Artículo 6. Responsabilidades con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La formulación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere el artículo 5 debe precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y salud en el trabajo, de las autoridades públicas, de los empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes, teniendo en cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades.

Artículo 7. Examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para los efectos del examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la situación en Leer el resto de esta entrada »

Ley 29782 de fortalecimiento de la supervisión del mercado de valores

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Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29782 de fortalecimiento de la supervisión del mercado de valores.

Sustitúyese la denominación de CONASEV por la de Superintendencia del Mercado de Valores SMV. Descargar Ley 29782 en el siguiente enlace: Ley 29782

 

Ley 29779 Plazo excepcional a deudores de Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria y PREDA.

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LEY Nº 29779.- LEY QUE OTORGA PLAZO EXCEPCIONAL A LOS DEUDORES COMPRENDIDOS EN LA LEY 29264, LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA, LA LEY 29596, LEY QUE VIABILIZA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA (PREDA), Y EN EL DECRETO DE URGENCIA 009-2010, DICTAN MEDIDAS PARA VIABILIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA, PARA QUE SE ACOJAN A SUS BENEFICIOS

Descargar norma en: Ley 29779 Alan Emilio Matos Barzola

Acceso a la información sobre examen de admisión de universidades particulares

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Alan Emilio Matos Barzola

El Tribunal Constitucional mediante Exp. Nº 00060-2011-Q/TC resuelve en form apropiada el siguiente caso:

Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”

El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 dela Constituciónde 1993, sino también en el artículo 13 dela Convención Americanasobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado porla Corte Interamericanade Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.

En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública y que, por ende, sea exigible y conocible por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 dela LeyNº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la dela Sentenciarecaída en el Expediente Nº 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo este el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

b) La educación como un servicio de naturaleza pública

Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público” debido a su carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, está orientado a la satisfacción de necesidades que repercuten sobre el interés general. Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos resultarían lesivos del derecho fundamental de acceso a la información.

c) Análisis del caso materia de controversia constitucional

Este Tribunal considera que la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, números de reclamos administrativos de los dos últimos años que hayan tenido relación con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, así como sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuenten, se encuentra vinculada a las características del servicio educativo que brinda la emplazada.

Por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho fundamental reclamado, la presente demanda deberá estimarse, otorgándosele al efecto la tutela constitucional correspondiente.

Seminario en Lima 20 de julio 2011 Sistema de Detracciones del IGV y Subsanación de omisiones a normas de Bancarización

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Miércoles 20 de julio de 2011
De 05:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar del evento:  REAL AUDIENCIA
Av. Del Parque Norte Nº 1194, Urb. Corpac – San Borja. – SAN BORJA

Inscripciones en Lima: Teléfonos: 710-8950 Anexo 206
Email:eventos@contadoresyempresas.com.pe
Fax: 241-2323 (Enviar copia del depósito con atención al Área de Eventos)
Dirección: Av. Angamos Oeste Nº 526 – Miraflores

I PARTE: Últimas incorporaciones y criterios para la aplicación del sistema de detracciones del IGV

–        Obligaciones principales y accesorias en el sistema de detracciones.

–        Incorporación del servicio de construcción al sistema: Aplicaciones prácticas, criterios recientes dela Administración y detalle de las operaciones consideradas en este rubro en detalle, según la clasificación CIIU de Naciones Unidas.

–        Mantenimiento y reparación de bienes muebles corporales, naves y aeronaves. Tipos de servicios y aplicaciones prácticas.

–        Oportunidad de la solicitud de liberación de fondos de detracciones. Procedimiento y casos controversiales.

–        Principales operaciones sujetas al sistema de detracciones, tales como el servicio de transporte de bienes por vía terrestre, a la venta de algunas partidas arancelarias del oro, espárragos, así como a los minerales no metálicos no auríferos.

–        Formas de subsanar infracciones y determinación de los criterios de gradualidad.

II PARTE: Procedimiento excepcional para subsanar la omisión de las normas de bancarización

1. Bancarización:

–        Supuestos en los que se utilizan medios de pago.

–        Montos a partir del cual se utilizan medios de pago.

–        ¿Se debe utilizar medio de pago en las compensaciones de deudas?

–        Consecuencias de no emplear medios de pago.

2. Ley Nº 29707 (11/06/2011) Procedimiento excepcional para subsanar la omisión en la utilización de medios de pago:

–        Alcance de la norma.

–        Procedimiento de subsanación.

–        Multa derivada del procedimiento de subsanación.

–        Efectos de la subsanación.

Expositores:

 ANTONIO GÓMEZ AGUIRRECoordinador del Área de Asesoría de Contadores & Empresas.
 ALAN EMILIO MATOS BARZOLAAsesor Tributario Contable Gaceta Jurídica – Contadores & Empresas  

Inscripciones en Lima: Teléfonos: 710-8950 Anexo 206
Email:eventos@contadoresyempresas.com.pe
Fax: 241-2323 (Enviar copia del depósito con atención al Área de Eventos)
Dirección: Av. Angamos Oeste Nº 526 – Miraflores

Ley 29719 promueve la convivencia en las instituciones educativas

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Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.

Artículo 2.- Alcance de la Ley

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre si, que provoca violevncia y saldo de víctimas.

Artículo 3.- Designación de un profesional de Psicología

Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre 2012.

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei)

El Consejo Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones; acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos.

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido entre las instituciones educativas.

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.

Artículo 6. Obligaciones de los docentes

Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional (Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días.

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.

Artículo 7. Obligaciones del director de la institución educativa

El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo Educativo Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. Además, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores.

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa.

Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa o ante el Consejo Educativo Institucional (Conei).

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva.

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado

La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.

Además, realiza las acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de Educación le otorgan las facilidades que requiera.

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, de conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; para lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, disponer las acciones de comprobación que estime pertinentes, así como imponer las sanciones correspondientes.

Los resultados de la supervisión son comunicados a la comunidad educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación de correctivos.

El Indecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones educativas, las sanciones impuestas y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo.

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 12.- Medidas de asistencia y protección

Los estudiantes víctimas de violencia o de  acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada.

Artículo 13. Entrega de boletín informativo

Toda institución educativa debe entegar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa.

Disposiciones complementarias finales

Primera.- El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la presente ley en el plazo de sesenta días calendario.

Segunda.- Deróganse o déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Descargar norma en PDF en Alan Emilio Matos Barzola Ley 29719

Convocatoria SUNAT abogados para apoyo en materia jurídico aduanera hasta el 28 de junio 2011

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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para seleccionar dos (02) profesionales en derecho para prestar servicios referidos al análisis de los recursos impugnatorios de apelación de carácter jurídico aduanero en la División de Dictámenes  de la Gerencia Jurídico Aduanera, a través de un Contrato Administrativo de Servicios-CAS.

Antes de inscribirse para participar en un proceso de selección, deben verificar que cumplen todos los requisitos establecidos en el Aviso de Convocatoria.

 REQUISITOS ESPECIFICOS

–        Título universitario de la especialidad de Derecho. (Acreditado mediante presentación de copia simple del título).

–        Estudios de especialización en derecho aduanero o curso de especialización en materia aduanera, acreditado con copia simples del certificado o constancia correspondiente.

–        Experiencia profesional mínima de un año en el ámbito aduanero, de preferencia en labores de asesoría y de resolución de impugnaciones, acreditado con copia simple de las constancias correspondientes.

–        Conocimiento a nivel intermedio de Microsoft Office, Word, Excel, Power Point; acreditado   mediante declaración jurada.

Competencias:

–          Comportamiento ético.

–          Proactividad.

–          Comunicación

–          Trabajo en equipo.

REQUISITOS GENERALES

–        No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el Estado.

–        No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado conforme al Registro Nacional de Destitución y Despido.

–        No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el Articulo 9° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.

–        No percibir otros ingresos del Estado. De percibir otro ingreso del Estado distinto a la actividad docente por ser miembro únicamente de un órgano colegiado y resulta ganador del proceso de selección, se deberá obligar a dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicio.

–        No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.

–        No ser cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los funcionarios que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal en la SUNAT, o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.

INSCRIPCIONES

Los interesados que reúnan los requisitos anteriormente mencionados, deben inscribirse a través de nuestra página WEB, http://www.sunat.gob.pe en Oportunidades Laborales/ índice / inscripciones / profesionales/abogados para apoyo en materia jurídico aduanera del 17  al   27 de junio de 2011.

Adicionalmente, deberán imprimir y llenar los Formatos 1, 2, 3 y 4 (detallados en la presente convocatoria), los mismos que serán presentados en Mesa de Partes sito en la Av. Garcilaso de La Vega N°1472,  del 17  al 28  de junio de 2011, , desde las 9:00 horas hasta las 16:30 horas. 

Para poder considerar su postulación deberá: Inscribirse enla WEBy presentar los formatos solicitados.

Los documentos sustentatorios deberán ser presentados únicamente  por los postulantes aptos para la etapa de entrevista, de acuerdo a los requisitos establecidos.

La evaluación curricular se realiza con la información contenida en los formatos (1, 2, 3 y 4) que tiene carácter de Declaración Jurada. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se reserva el derecho de llevar a cabo la  verificación correspondiente.

Si el postulante no presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado descalifica automáticamente. Asimismo el postulante que omite, oculta y/o consigna información falsa será excluido del proceso de selección.

La relación de personas aptas para participar de la siguiente etapa, será publicada el  01 de julio de 2011, en la página web de la Instituciónwww.sunat.gob.pe / Oportunidades Laborales / Convocatorias  Vigentes / CAS / Profesionales /abogados para apoyo en materia jurídico aduanera.

Lima,   16 de junio de 2011

Gerencia de Desarrollo de Personal

INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS