Archivo de la categoría: Derecho Civil

Sentencia STC 00645-2013-PA/TC Al margen de su tratamiento tributario y laboral, el Código Civil establece que las contraprestaciones recibidas en virtud de contratos de prestación de servicios tienen carácter remunerativo

Alan Emilio en Huaraz
Alan Emilio en Huaraz

Mediante Sentencia STC 00645-2013-PA/TC , de fecha 04 de junio del 2015, en forma brillante el Tribunal Constitucional establece que si bien  existe un trato diferenciado a nivel tributario entre las remuneraciones de carácter laboral (quinta categoría) y los honorarios de origen civil (cuarta categoría), el Código Civil reconoce que las contraprestaciones recibidas en virtud de contratos de prestación de servicios tienen carácter remunerativo.

En su fundamento noveno (de observancia para SUNAT tal como resuelve el Tribunal Constitucional) se establece que “sin perjuicio de lo que dispongan las normas tributarias y laborales sobre la diferencia entre los conceptos de remuneración y honorarios, a efectos de la interpretación y aplicación del artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil, debe entenderse el término remuneración en el sentido amplio del Código Civil, de manera que no son embargables las remuneraciones de los deudores, estas sean producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicios regido por el Código Civil, salvo lad limitaciones establecidas en la referida norma.” 

Este precedente es de un caso ante SUNAT que confirma que nuestra posición expuesta desde el 2004 siempre fue la correcta. 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00645-2013-AA.pdf

Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable
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Ley 30179 Modifica el artículo 2001 del Código Civil sobre los plazos de prescripción extintiva de la acción

Alan Emilio en Ayacucho

Ley 30179, Ley que modifica el artículo 2001 del Código Civil

Artículo Único.– Modificación del inciso 4 y adición del inciso 5 al artículo 2001 del Código Civil, en los términos siguientes:

“Artículo 2001.- Plazos de prescripción

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

(…)

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.”

Mediante Ley 30179 ,  publicada el domingo 06 de abril del 2014, en el Diario Oficial El Peruano, se modifica el artículo 2001 del Código Civil, específicamente modificando su inciso 4 y adicionando un nuevo inciso 5, principalmente aumentando a l0s quince años la prescripción de la acción que proviene de pensión alimenticia.

Conviene tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1989 del Código Civil que regula la prescripción extintiva, la prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo. Además el artículo 2000 establece que sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción.

Con la vigencia de la Ley Nº 30179, el citado artículo 2001 quedaría redactado de la siguiente forma:

Plazos de prescripción

Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.

Alan Emilio Matos Barzola

Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera

Expositor experto en materia tributaria contable

Resolución RTF 10109-3-2013 El hecho que una persona declare y pague el Impuesto Predial o Arbitrios Municipales por un determinado predio no acredita la propiedad de este

Alan Emilio en Pucallpa 2013
Alan Emilio en Pucallpa 2013

Mediante Resolución RTF N° 10109-3-2013, de fecha 18 de junio del 2013, el Tribunal Fiscal en forma clara y correcta indica que los documentos presentados por los contribuyentes tales como las declaraciones y pagos del Impuesto Predial o arbitrios municipales por un determinado predio, o los documentos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tales como el certificado catastral y los reportes que detallan el estado de cuenta, no constituyen documentos que demuestren la propiedad del inmueble embargado.

Alan Emilio Matos Barzola

Ley 29834 ley que modifica el artículo 370 del Código Procesal Civil

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo único. Modificación del artículo 370 del Código Procesal Civil

Modifícase el artículo 370 del Código Procesal Civil en los términos siguientes:

“Artículo 370. Competencia del Juez Superior

El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa.

Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación”.

El concepto de “propiedad” según la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alan Emilio Matos Barzola

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir sentencia en el Caso CDH Abrill Alosilla y Otros versus Perú, de fecha 04 de marzo del 2011, específicamente en sus párrafos 82 y 83: 

“este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles74, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona75. Asimismo,la Corteha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas76. Respecto a los derechos adquiridos, cabe resaltar que éstos constituyen uno de los fundamentos del “principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes”77. Por último, resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones78, siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 2179.

Por otra parte, en otro caso80 esta Corte declaró una violación del derecho a la propiedad por la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de sentencias que pretendían proteger el derecho a una pensión. El Tribunal señaló que, desde el momento en que un pensionista cumple con los requisitos para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de las pensiones. Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene “efectos patrimoniales”81, los cuales están protegidos bajo el artículo 21 dela Convención82. Al respecto,la Corte considera que igual que las pensiones que han cumplido con los requisitos de ley son parte del patrimonio de un trabajador, el salario, los beneficios y aumentos que ingresen al mismo también se encuentran protegidos por el derecho a la propiedad consagrado enla Convención83.”

74 Al respecto, en el derecho consuetudinario internacional se ha establecido que el tipo de propiedad protegida que puede ser objeto de expropiación no se limita a bienes muebles o inmuebles. Por el contrario, los derechos intangibles, incluidos los derechos contractuales, han sido protegidos como derechos adquiridos en varias sentencias de arbitraje. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSIIP), Case of Wena Hotels Ltd. v. Egyp. No. ARB/98/4. Award of 8 December of 2000, para. 98, y Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, No. ARB/84/3, Review 328,375 of 1993. Asimismo, Corte Internacional de Justicia, Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia. Merits. Judgment of 25 of may 1926. Serie A. No. 7.

75 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 120-122; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría), supra nota 68, párr. 84.

76 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 102; Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 84.

77 Sentencia C-147/97 dela Corte Constitucionalde Colombia de 19 de marzo de 1997.

78 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra nota 76, párr. 128; Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párrs. 60 y 61, y Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 399.

79 Cfr. Caso Salvador Chiriboga, supra nota 76, párr. 54; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 84.

80 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77.

81 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77, párr. 103, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra nota 68, párr. 85.

82 Al respecto, en el citado caso, el Tribunal declaró que al haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venían percibiendo las víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstos, el Estado violó el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 77, párrs. 115 y 121.

83 En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que “los órganos de la Convención han indicado constantemente que el ingreso que ha sido devengado, constituye una “posesión” en los términos del artículo 1 del Protocolo 1 de la Convención”. ECHR, Case of Lelas v. Croatia, Judgment of 20 may 2010, para. 58, Case of Bahçeyaka v. Turkey, Judgment of 13 July 2006 para. 34 y Case of Schettini and others v. Italy (dec.), Judgment of 9 November 2000, para. 1.

Ley 29633 Ley que fortalece la tutela del incapaz o adulto mayor mediante la modificación de diversos artículos del Código Civil

Artículo 1. Incorporación del artículo 568-A del Código Civil

Incorpórase el artículo 568-A al Código Civil, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 568-A. Facultad para nombrar su propio curador

Toda persona adulta mayor con capacidad plena de ejercicio de sus derechos civiles puede nombrar a su curador, curadores o curadores sustitutos por escritura pública con la presencia de dos (2) testigos, en previsión de ser declarado judicialmente interdicto en el futuro, inscribiendo dicho acto en el Registro Personal de la SUNARP.

El juez a cargo del proceso de interdicción recaba la certificación del registro, a efectos de verificar la existencia del nombramiento. La designación realizada por la propia persona vincula al juez.

Asimismo, la persona adulta mayor puede disponer en qué personas no debe recaer tal designación. También puede establecer el alcance de las facultades que gozará quién sea nombrado como curador”.

Artículo 2. Modificación de los artículos 569 y 2030 del Código Civil.

Modifícanse los artículos 569 y 2030 del Código Civil en los términos siguientes:

“Artículo 569.- Prelación de curatela legítima

A falta de curador nombrado conforme al artículo 568-A, la curatela de las personas mencionadas en los artículos 43, numerales 2 y 3, y 44, numerales 2 y 3, corresponde:

1. Al cónyuge no separado judicialmente o notarialmente, y que cumpla lo establecido en el artículo 289.

2. A los padres.

3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad de grado, al más idóneo. la preferencia la decide el juez, oyendo al consejo de familia necesariamente.

4. A los abuelos y demás ascendientes, regulándose la designación conforme al inciso anterior.

5. A los hermanos.

Artículo 2030. Actos y resoluciones inscribibles

Se inscriben en este registro:

(…)

9. El nombramiento de tutor o curador”.

Alan Emilio Matos Barzola

En nuestro ordenamiento jurídico, el matrimonio religioso no tiene los mismos efectos que el matrimonio civil

El Tribunal Constitucional al emitir sentencia en el caso materia de controversia en el Expediente Nº 05829-2009-PA/TC puntualiza estos criterios:

El Documento Nacional de Identidad y su importancia

“5.  En nuestro sistema jurídico, igual que en otros modelos que ofrece el derecho comparado, los referentes objetivos con los que se determina la identidad suelen ser patentizados mediante algún documento especial. En el caso particular del Perú, es el Documento Nacional de Identidad el que cumple tal rol o función, constituyéndose en un instrumento que permite no sólo identificar a la persona, sino también le facilita realizar actividades de diverso orden, como participar en comicios electorales, celebrar acuerdos contractuales, realizar transacciones comerciales, etc. 

6.  En efecto, en nuestro ordenamiento, el Documento Nacional de Identidad tiene una doble función: de un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto posibilita la identificación precisa de su titular; y, de otro, constituye un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados por la Constitución. Además, dicho documento es requerido para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros trámites de carácter personal, con lo que la carencia del mismo supone una limitación al ejercicio de otros derechos ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual.

7.  Como es fácil percibir, de la existencia y disposición del Documento Nacional de Identidad depende no sólo la eficacia del derecho a la identidad, sino una multiplicidad de derechos fundamentales. De ahí que cuando se pone en entredicho la obtención, modificación, renovación o supresión de tal documento, no sólo puede verse perjudicada la identidad de la persona, sino también un amplio espectro de derechos, siendo evidente que la eventual vulneración o amenaza de vulneración podría acarrear un daño de mayor envergadura, como podría ocurrir en el caso de una persona que no pueda cobrar su pensión de subsistencia, por la cancelación intempestiva del registro de identificación y del documento de identificación que lo avala.

8.  Así, este Colegiado considera que en los casos en los que están de por medio discusiones sobre la identificación de las personas, generadas por la afectación de un Documento Nacional de Identidad, resulta imprescindible revisar, minuciosamente, el comportamiento de la autoridad, funcionario o persona emplazada, así como los eventuales daños que tal comportamiento haya podido generar. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que, en tales supuestos que debe centrarse la controversia de autos, encontrándose habilitado para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

14. …el matrimonio religioso, en nuestro ordenamiento jurídico no tiene los mismos efectos que el matrimonio civil, este último regulado en el Código Civil. Es más, el artículo 269º del Código Civil, que regula la prueba del matrimonio, establece que:Para reclamar los efectos civiles del matrimonio debe presentarse copia certificada de la partida del registro del estado civil”, copia que en el caso de autos es inexistente.

15. En consecuencia, ante la ausencia de documento que pruebe la existencia del matrimonio civil que la demandante pudiera haber contraído con tercera persona, corresponde que la entidad demandante, de oficio, corrija dicho dato, tanto en sus registros como en el Documento Nacional de Identidad. Si bien la parte interesada puede activar el procedimiento en dicho sentido, ello no impide la actuación de la Administración Pública, puesto que esta, en tanto guardiana de los registros vinculados a la entidad, debe velar por la corrección y autenticidad de los mismos, sin que sea necesaria la intervención de la parte, ni mucho menos limitarla a aquellos casos en los que el pedido de la parte se tramite, previo pago de aranceles o derechos administrativos, dado que el ejercicio del derecho a la identidad no puede estar sujeto a pago de dinero alguno, ni a trámites que duren más de lo razonable.”

Derecho Perú