La Cantuta, un caso para no olvidar

Publicado por Alan Emilio Matos Barzola el martes 14 de marzo del 2006 en la edicion Nº 85 de el Suplemento de Análisis Legal: Jurídica de el Diario Oficial El Peruano, páginas 4 y 5.

La violación de los derechos humanos no puede olvidarse ni mucho menos quedar en la impunidad. De ahí la importancia de tener a la mano una ayuda memoria de este execrable hecho que, sin duda alguna, constituye delito de lesa humanidad, por lo que sus autores, tanto intelectuales como materiales, deben ser condenados; asimismo las autoridades, que conocedoras del crimen o no lo dejaron pasar o que en connivencia con sus autores dispusieron acciones de reconocimiento y felicitación para éstos, so pretexto de apoyar y respaldar a las fuerzas del orden en la lucha contra el terrorismo.

El presente caso, por la gravedad e injusticia que encierra, debe quedar grabado en la memoria de todos los peruanos con el fin de evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos.

Empero, además, por la situación en que se encuentra la solicitud de extradición del ex presidente Fujimori al Estado chileno, reviste especial importancia la publicación de esa relación cronológica acompañada por un análisis situacional y jurídico.

LOS HECHOS

❏ El 18 de julio de 1992 entre la 01.30 y 03.00 horas fueron detenidos un profesor y nueve estudiantes de la universidad nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, al ingresar presuntos miembros de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (grupo

Colina) a los dormitorios de la residencia universitaria, siendo sometidos a tortura y trasladados posteriormente a un destacamento militar, supuestamente en el fuerte Rímac. 

❏ Los familiares de los detenidos presentaron diversas acciones de hábeas corpus, las cuales fueron declaradas improcedentes. El Ministerio Público, mediante la Octava Fiscalía Provincial de Lima, no realizó mayores investigaciones y se inhibió de conocer el caso en agosto de 1993.

❏ El 31 de julio de 1992, la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información respecto a los hechos denunciados por los familiares de los detenidos, representados por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

❏ El 5 de enero de 1993, el Estado peruano remitió información de la Fiscalía de la Nación señalando que se habían efectuado las diligencias pertinentes de visita a las oficinas de la División de Seguridad del Estado, División de Investigación contra el Terrorismo, 18ª División Blindada del Ejército y del Centro de Instrucción de la Policía Nacional sin resultado positivo de la presencia física de los desaparecidos.

❏ El 8 de julio de 1993, un equipo periodístico de la revista Sí descubrió cuatro fosas con restos humanos a la altura del kilómetro 14.5 de la carretera que une Lima con Cieneguilla (quebrada de Chavilca). Posteriormente, se formuló denuncia penal contra los miembros del grupo Colina.

❏ El 21 de febrero de 1994, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar condenó en primera instancia a diez de los responsables a penas desde uno hasta 20 años.

❏ La madrugada del 14 de junio de 1995, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 26479, mediante la cual se concedió amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos humanos cometidas desde 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley, efectuada por el presidente Fujimori en ese mismo día.

❏ El 11 de marzo de 1999, la CIDH resolvió emitir el Informe de Admisibilidad Nº 42/99 del Caso Nº 11.045 – La Cantuta, poniéndose a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa de conformidad con el artículo 48.11.f de la Convención Americana.

❏ El 10 de agosto de 1999, los peticionarios remitieron sus observaciones sobre las condiciones en las cuales aceptarían el Acuerdo de Solución Amistosa:

Señalan que el Estado peruano deje sin efecto la Ley de Amnistía Nº 26479 y la Ley Nº 26492, de Interpretación de Amnistía, por ser incompatibles con la Convención Americana. Asimismo, que el Estado asegure la investigación, el procesamiento y, de ser el caso, la sanción penal contra los autores intelectuales o mediatos por órgano imparcial, independiente y competente, así como acceso a la información.

De igual modo, la concesión de una reparación de carácter moral, consistente en un reconocimiento público de responsabilidad por parte del jefe del Estado y del comandante general del Ejército, y disculpas a las víctimas. 

❏ El 6 de marzo de 2000 se realizó la audiencia solicitada por el Estado peruano con el fin de presentar las declaraciones de dos testigos sobre el presente caso.

❏ El 22 de febrero de 2001, la CIDH, en su 110º período ordinario de sesiones, se reunió con el ministro de Justicia y el representante del Estado peruano ante la OEA, para firmar un acuerdo de solución amistosa de 165 casos.

❏ En una comunicación del 17 de marzo de 2003, los familiares de las víctimas señalaron que el caso La Cantuta no había sido considerado pendiente de solución, contrariamente a los casos Leonor La Rosa y Mariella Barreto, que ya habían sido atendidos en forma integral (reparación económica, servicios de salud y educación, disculpas públicas del Gobierno, etcétera).

❏ El Consejo Nacional de Derechos Humanos elaboró el Informe Nº 38-2003-JUS/CNDH-SE del 14 de mayo de 2003, que concluye que el Estado peruano considera que las instancias judiciales realizan las investigaciones correspondientes a efectos de sancionar a los responsables de tan execrable crimen, que ocasionó la pérdida de las vidas del profesor Hugo Muñoz y demás víctimas. Respecto al tema dinerario, el Estado peruano se ratifica en su opinión de considerar ejecutado el monto de la reparación civil especificada en su momento por el Consejo Supremo de Justicia Militar, la misma que no fuera observada o tachada en su oportunidad por los familiares de las presuntas víctimas.

❏ El 22 de octubre de 2003, el Consejo Nacional de Derechos Humanos elaboró el Informe Nº 66-2003- JUS/CNDH-SE, que concluye de la misma manera que el Informe Nº 38-2003-JUS/CNDH-SE del 14 de mayo de 2003.

❏ El 27 de agosto de 2004, los representantes de los familiares de las presuntas víctimas solicitaron a la CIDH que emitiera el informe de fondo sobre el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De igual forma, pidieron declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida, así como el derecho a la tutela judicial efectiva.

❏ El 28 de octubre de 2004, el Consejo Nacional de Derechos Humanos elaboró el Informe Nº 69-2004- JUS/CNDH-SE, que concluye que el Estado peruano, a través de la fiscalía especializada, lleva a cabo las investigaciones pertinentes al caso a fin de esclarecer las circunstancias en las cuales se perpetraron los delitos relacionados con el presente caso, así como los responsables y su grado de participación dentro del contexto mismo. Igualmente, señaló que la procuraduría ad hoc para los casos Montesinos y Fujimori, mediante Oficio Nº 650-2004/Procuraduría Ad Hoc-JUS de fecha 7 de setiembre de 2004, les remitió la copia de la denuncia que se presentara ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, en contra de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Documet, por los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y desaparición forzada de personas, en agravio de Hugo Muñoz Sánchez y nueve estudiantes de la universidad Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.

❏ En 2005, el Estado y los peticionarios remitieron sus observaciones finales sobre el fondo. El Estado señaló que por medio de la fiscalía especializada ha realizado las indagaciones pertinentes con el fin de aclarar las circunstancias e identificar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos vinculados con el presente caso, lo cual es rebatido por los peticionarios al referir que la situación de impunidad no ha cambiado en relación con los autores intelectuales. De igual forma, los peticionarios solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarar que el Estado peruano ha violado la libertad personal, el derecho a la integridad personal, a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio del profesor Hugo Muñoz Sánchez y los nueve estudiantes.

SITUACIÓN ACTUAL (2006)

Las evidencias y los indicios existentes apuntan a la responsabilidad estatal en la muerte de las presuntas víctimas.

En efecto, las pruebas obtenidas en las investigaciones parlamentarias, judiciales y periodísticas; las circunstancias en que se produjo la detención; la ausencia de pesquisas expeditas y razonables dan convicción (para la población en general) de responsabilidad. Es necesario resaltar que recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo ocurrido mediante elementos probatorios válidos.

Efectivamente, el Estado debe garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, así como proveer información y las pruebas que se relacionan con lo que suceda con al detenido.

Se ha abierto una investigación contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, cuyo trámite se encuentra pendiente del pedido de extradición formulado por el Estado peruano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 14 de marzo de 2001 sentencia en el caso Barrios Altos, declarando, entre otros puntos, que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos. Esto quiere decir que en mérito a la citada sentencia ya no es necesario derogar las citadas leyes, puesto que ello causaría confusión, dado que el Perú, al ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, interioriza las decisiones del órgano contencioso supranacional americano, puesto que los tratados y convenciones son leyes para los Estados parte.

A nivel de reparaciones, se deben hallar los mecanismos de solución más adecuados a efectos de cumplir con dicha obligación, toda vez que el 14 de noviembre del presente la CIDH emitió su Informe Nº 95/05 de conformidad con el artículo 50º de la Convención Americana, concluyendo que el Estado “debe reparar adecuadamente a los familiares de las víctimas, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos

Alan Emilio Matos Barzola – Abogado Tributarista y Bachiller en Contabilidad

Publicado el martes 14 de marzo del 2006 en la edicion Nº 85 de el Suplemento de Análisis Legal: Jurídica de el Diario Oficial El Peruano, páginas 4 y 5.

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