Proceso de amparo como vía procesal idónea para tutelar derechos de las Comunidades Nativas

El Tribunal Constitucional mediante sentencia emitida en el Exp. Nº 00906-2009-PA/TC, de fecha 25 de octubre del 2010, delimita estos fundamentos:

como regla general, es el riesgo de irreparabilidad del daño iusfundamental causado o por causarse a la persona el que determinará que la demanda de amparo resulte procedente. A Contrario sensu, la alta improbabilidad de que el referido riesgo se encuentre presente determinará su improcedencia, habilitándose el tránsito por las vías procesales ordinarias. Y si bien ello merecerá un análisis caso por caso, en principio, dicho riesgo se manifiesta en la prognosis razonable de que en el futuro inmediato no existirá posibilidad de reponer las cosas al estado anterior a aquel en se produjo la alegada violación o amenaza de violación del derecho fundamental.

Ahora bien, aunque es cierto que a partir de la interpretación antes sustentada del artículo 5º 2 del Código Procesal Constitucional, las alegadas afectaciones de los derechos fundamentales que no requieran una tutela urgente en amparo deberán ser ventiladas en los procesos ordinarios, es cierto también que una aplicación inflexible de este criterio podría dar lugar a que, en algunos de estos casos, la protección de los derechos fundamentales devenga ineficaz. En efecto, este criterio en nada garantiza que en los casos no urgentes de afectación de los derechos fundamentales se dispense debida protección a su contenido constitucionalmente protegido. Ello podría suceder en razón de que en los procesos ordinarios seguidos ante el Poder Judicial se incurra en una indebida interpretación del contenido del referido derecho, sea porque no se protegen ámbitos que deberían considerarse como pertenecientes a él, o porque, a contrario sensu, se han protegido ámbitos que no debieron considerarse tutelados por la Constitución, o cuando el asunto verse sobre la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho que no ha merecido mayor desarrollo jurisprudencial y que, en esa medida, requiere la intervención del Tribunal Constitucional para asegurar su aplicación igualitaria y predecible por parte de la jurisdicción ordinaria.

Que a juicio del Tribunal Constitucional, en tales circunstancias, los casos en los que exista oportunidad de determinar correctamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho requerirán una intervención urgente por parte de la jurisdicción constitucional en un sentido objetivo. En otras palabras, si bien es cierto podría tratarse de un caso en el que no se presenta el riesgo de daño irreparable en la esfera subjetiva del demandante, la jurisdicción constitucional se tornará competente, y la demanda de amparo procedente, merced a la urgencia verificada en un sentido objetivo, en razón de no estarse identificando debidamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho en el ámbito de la jurisdicción ordinaria.

De esta forma, llegado el caso a conocimiento del Tribunal Constitucional, dada su condición de supremo intérprete de la Constitución (artículos 201º y 202 de la Constitución y 1º de su Ley Orgánica –Ley N.º 28301–), este tendrá ocasión de determinar correctamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho, emitiendo la jurisprudencia obligatoria (artículo VI del citado Código), o, de ser el caso, el precedente constitucionalmente vinculante (artículo VII del Código), cuyo cumplimiento obligatorio en sede del Poder Judicial tornará a la jurisdicción ordinaria, nuevamente, en una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho.

En definitiva, la aplicación del artículo 5º 2, del Código en un sentido objetivo permitirá, en última instancia, al Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, determinar interpretativamente el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en circunstancias en las que esta interpretación haya sido realizada de modo indebido en sede del Poder Judicial o en el caso de derechos que no hayan merecido mayor desarrollo jurisprudencial y que, en esa medida, requieran la intervención integradora de este Colegiado en aras de asegurar su aplicación predecible por parte del Poder Jurisdiccional. De esta manera, no sólo se logra una interpretación del artículo 5º 2 en armonía con la tutela jurisdiccional urgente de los derechos fundamentales allí donde es estrictamente necesaria, sino también de conformidad con el principio-derecho de igualdad (artículo 2º 2 de la Constitución) y con el principio de seguridad jurídica[1][4], pues es a través de los criterios vinculantes emitidos por el supremo interprete de la Constitución como se asegura la protección igualitaria y predecible de los derechos fundamentales.

Alan Emilio 

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Un pensamiento en “Proceso de amparo como vía procesal idónea para tutelar derechos de las Comunidades Nativas”

  1. Estimados Srs.
    DERECHO PERÚ. Agradesco la gentileza que tienen al remitir Información Legal a mi correo; pero gustosamente les pediria por favor darme a conocer sobre todo los derechos y obligaciones que tienen relación a las Asociaciones Agrarias en el País.
    Atte,
    James.

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