La abogacía y su relación con la administración de justicia

El Tribunal Constitucional al emitir sentencia en el Exp. Nº 03833-2008-PA/TC, de fecha 30 de junio del 2010, aborda estos lineamientos:

El abogado es el profesional del derecho que ejerce, entre otros servicios, la dirección y defensa de las partes en los procesos judiciales. La abogacía, así como el ejercicio de cualquier profesión, está al servicio y beneficio de la sociedad, por lo que su puesta en práctica debe estar imbuida de normas éticas y deontológicas.

La abogacía tiene una estrecha relación con la administración de justicia, cuyo ejercicio ha sido delegado por el pueblo al Poder Judicial (artículo 139 de la Constitución), y es a través de los jueces y sus respectivos órganos jerárquicos que, con arreglo a la Constitución y a su Ley Orgánica, ejerce su función con autonomía política, administrativa, económica, disciplinaria e independiente en lo jurisdiccional. Sin embargo los jueces en el ejercicio de sus funciones pueden incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según sea el caso; y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria –que se aplica en los casos estrictamente señalados por la LOPJ y que tienen como finalidad salvaguardar una correcta administración de justicia–, la LOPJ ha contemplado sanciones como la suspensión, la separación y la destitución del cargo, entre otras.

Este Tribunal Constitucional considera que a fin de asegurar el cumplimiento de una correcta administración de justicia, es decir aquella que tiene pleno respeto de las garantías constitucionales y derechos fundamentales de la persona, es necesario integrar también al proceso de administración de justicia a los justiciables (litigantes), a los llamados auxiliares jurisdiccionales (peritos, secretarios, relatores) y a los abogados. Dicho criterio no sólo es compartido por la LOPJ, sino también que fue acogido como principio por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en los siguientes términos: “Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia(el subrayado es nuestro) [“Los Principios Básicos sobre la función de los abogados” aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de setiembre de 1990. Principio N.º 12]. Es decir, el libre ejercicio de la profesión de abogado, como contribución a garantizar el derecho fundamental de defensa de los justiciables a través de su patrocinio en el proceso, también exige que la conducta de los abogados se encuentre acorde a los fines que se persiguen: una correcta administración de justicia. Esa es la finalidad que persigue el cuestionado inciso 4 del artículo 286 del Texto Único Ordenado de la LOPJ, al considerar que el magistrado que ha sufrido destitución de un cargo judicial se encuentra impedido para patrocinar como abogado ante el Poder Judicial.

DERECHO PERÚ

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03833-2008-AA.html

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