Ley 29542 Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal

El día de hoy, martes 22 de junio, se ha publicado la Ley N° 29542, mediante la cual se aprueba la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Esta ley tiene como objeto proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.

Cabe resaltar que esta ley define como hechos arbitrarios o ilegales a aquellas acciones u omisiones realizadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.

Esta ley, también indica quienes son los beneficiarios del mismo, excepciones y los requisitos que debe tener la denuncia para proceder a otorgar las medidas de protección correspondientes.

Un aspecto importante de esta ley, está dado en que aquel que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es sancionado con un multa no mayor de 5 UIT sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que hubiera a lugar.

Finalmente esta norma modifica expresamente el artículo 1 de la Ley N° 27378 referido al objeto de los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de criminalidad organizada.

 Fuente: Estudio Caballero Bustamante

Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal.  LEY Nº 29542

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COLABORACIÓN EFICAZ EN EL ÁMBITO PENAL

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene el objeto de proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.

Artículo 2.- Entidades de la administración pública

Para efectos de la presente Ley, se entiende por entidades de la administración pública las señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 3.- Hechos arbitrarios o ilegales

Son hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público.

Artículo 4.- Competencia

La Contraloría General de la República es la autoridad competente que recibe y evalúa las denuncias presentadas, dando el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y derivando aquellas cuyo trámite corresponda ser efectuado por otras instancias administrativas que, por disposición legal expresa, tengan competencia sobre la materia objeto de la denuncia.

Artículo 5.- Beneficiarios

La protección a que se refiere la presente Ley alcanza a:

a) Funcionarios y servidores públicos.

b) Ex funcionarios y ex servidores públicos.

c) Personal que preste servicios en las entidades públicas bajo cualquier modalidad o régimen laboral de contratación.

d) Cualquier ciudadano que tuviera conocimiento de los hechos arbitrarios o ilegales.

Artículo 6.- Excepciones de aplicación de la Ley

Están exentas de los beneficios que otorga la presente Ley las denuncias:

a) Que afectan directamente la defensa nacional, el orden interno y las actividades de inteligencia que pueden ser desarrolladas por las diferentes entidades públicas en el ámbito de sus funciones y competencias, con excepción de las denuncias referidas a los procesos de adquisición o mantenimiento de equipos, bienes o servicios.

b) Que afectan la política exterior y las relaciones internacionales.

c) Que se sustentan en información obtenida lesionando los derechos fundamentales.

d) Que se formulan lesionando el secreto profesional.

e) Que presentan personas beneficiadas o protegidas por leyes específicas.

Artículo 7.- Requisitos de la denuncia

Las denuncias presentadas son calificadas y admitidas por la Contraloría General de la República, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén referidas a acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales.

b) Que se formulen por escrito y estén debidamente sustentadas.

c) Que incluyan la identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los hechos denunciados.

d) Que los hechos denunciados no sean materia de proceso judicial o administrativo en trámite, tampoco que versen sobre hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoriada.

e) Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad competente. Ante la negativa, renuencia o desistimiento del mismo, la investigación es promovida por la autoridad competente.

Artículo 8.- Medidas de protección y beneficios

Calificada la denuncia por la instancia correspondiente, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de protección y beneficios:

a) La reserva de su identidad. Para ello se asigna un código de identificación a la persona denunciante y se implementan las demás medidas necesarias que establezca el reglamento.

b) Independientemente del régimen laboral al que pertenece, no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia calificada y admitida. En caso de que el denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o su renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la denuncia realizada.

La Contraloría General de la República adopta las medidas necesarias de apoyo al denunciante para recurrir a las instancias laborales correspondientes.

c) Cuando las represalias contra el denunciante, independientemente del régimen laboral al que pertenece, se materializan en actos de hostilización comprendidos en el Decreto Legislativo núm. 728 y en otras normas conexas, el denunciante pone en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación, la que procede a su remisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que realice la inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la ley de la materia.

d) En los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos constitutivos de los hechos arbitrarios o ilegales.

e) En los casos en que los hechos denunciados constituyan infracción prevista en norma administrativa y sea sancionada con multa, el denunciante obtiene como recompensa un porcentaje de lo efectivamente cobrado, según lo establezca el reglamento de la presente Ley.

El beneficio establecido en el literal e) no es aplicable cuando el denunciante se ha beneficiado de alguna manera con el acto de corrupción denunciado.

Para el caso del denunciante referido en el literal d), caducan los beneficios a otorgarse cuando, luego de concluida la investigación de la denuncia por la instancia correspondiente, se confirma su participación en los hechos denunciados y éste no lo hubiera declarado en el momento de presentar su denuncia.

En el caso de que la denuncia sea presentada por cualquier ciudadano, son de aplicación las medidas de protección y beneficios establecidos en los literales a) y e).

Artículo 9.- Confidencialidad

La información proporcionada por el denunciante y el trámite de evaluación a cargo de la instancia correspondiente y hasta su conclusión tienen carácter confidencial, bajo responsabilidad, salvo los casos de denuncia maliciosa.

Artículo 10.- Denuncia maliciosa

El que denuncia ante la Contraloría General de la República un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es sancionado con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

Artículo 11.- Compromiso de difusión

Las entidades públicas a las que se refiere el artículo 2 deben establecer los procedimientos internos necesarios para difundir entre sus trabajadores los alcances y beneficios otorgados por esta Ley.

Es obligación del titular de la entidad pública disponer la adopción de medidas para la difusión de las disposiciones de la presente Ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 12.- Indicios de comisión de delitos

Si a consecuencia de la denuncia la Contraloría General de la República concluye en que existen indicios de la comisión de algún hecho delictivo, da cuenta del mismo al Ministerio Público a efectos de que inicie la investigación fiscal.

En este caso, el denunciante puede acogerse a la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, sin perjuicio de mantener las medidas de protección y beneficios previstos en la presente Ley.

Artículo 13.- Exclusión de protección y beneficios

No les alcanza las medidas de protección y beneficios establecidos en el artículo 8 a los denunciantes que sean autores de los hechos arbitrarios o ilegales.

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA ÚNICA.- Modificación del artículo 1 de la Ley núm. 27378

Modifícase el artículo 1 de la Ley núm. 27378, Ley que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ámbito de la Criminalidad Organizada, en los términos siguientes:

“Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular los beneficios por colaboración eficaz ofrecida por las personas relacionadas con la comisión de los siguientes delitos:

1) Perpetrados por una o varias personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos.

2) Contra la libertad personal, previstos en los artículos 153 y 153-A del Código Penal; de peligro común, previstos en los artículos 279, 279 -A y 279-B del Código Penal; contra la administración pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; y, delitos agravados previstos en la Ley núm. 27472, Ley que Deroga los Decretos Legislativos núms. 896 y 897, que Elevan las Penas y Restringen los Derechos Procesales en los Casos de Delitos Agravados, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal.

3) Contra la humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Libro Segundo del Código Penal; y contra el Estado y la defensa nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal.

4) De terrorismo, previsto en el Decreto Ley núm. 25475, sobre penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, sus modificatorias y normas conexas; de apología de los delitos señalados en el artículo 316 del Código Penal; y de lavado de activos, previsto en la Ley núm. 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. También se comprende en el presente inciso a quien haya participado en la comisión de otros delitos distintos de los antes mencionados y se presente al Ministerio Público, colabore activamente con la autoridad pública y proporcione información eficaz sobre los delitos mencionados anteriormente.

Son competentes para intervenir en este procedimiento especial los fiscales y jueces que conocen de los delitos de terrorismo.

5) Delitos aduaneros, previstos y penados en la ley penal especial respectiva.

No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento de los delitos aduaneros.

6) De tráfico ilícito de drogas, previsto en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, siempre que dicho delito se cometa por una pluralidad de personas.

7) Otros cuando el agente integre una organización criminal.

El Fiscal de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo núm. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, dictará las instrucciones necesarias que orienten a los fiscales acerca de los delitos materia de la presente Ley. Asimismo, designará al fiscal superior coordinador, reglamentando sus funciones, a fin de que oriente y concerte estrategias y formas de actuación de los fiscales en la aplicación de la presente Ley y comunique periódicamente a su despacho todo lo referente a la participación del Ministerio Público en este ámbito.”

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo dicta el reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su vigencia. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil diez.

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10 comentarios en “Ley 29542 Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal”

  1. Al parecer hay algún nivel de incongruencia en el Art. 8° de la Ley bajo comentario (29542), específicamente entre el inciso a) (reserva de identidad del denunciante) y el inciso b) es decir el peligro que el contratado por Locación de Servicios o el CAS sea suspendido en su trabajo por ser denunciante en el ámbito administrativo.

    Esto me hace pensar que la reserva de identidad que promete la Ley al parecer no será tan efectiva así como la protección ofrecida, ya que la Contraloría General de la República solo apoyará al denunciante para recurrir a las “instancias laborales correspondiente” y luego… ¿quién lo defiende?.

  2. La Contraloría General siempre ha dado muestras de ser un organismo burocrático y lerdo, generalmente se ocupó de cosas simples, y no se conocen acciones decididas, contundentes, y oportunas respecto a los problemas de fondo tales como El Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Estos recursos renovables y no renovables son depredados en favor de terceros; pero las ingentes utilidades que generan no redundan de manera directa justa y equitativa en favor de los peruanos pobres, desempleados, y desnutridos como corresponde. Por eso crece el conflicto social y de algúnm modo también la inseguridad ciudadana.
    Para la vigencia plena de la nueva Ley 29542, debería someterse a la misma contraloría a una Reingeniería total a fondo, pues, es factible que existan lacras que se resistan al cambio.
    En el sector público debo significar por ejemplo la actitud necia y mezquina de muchos funcionarios que se resisten al reconocimiento y pago de los DERECHOS LABORALES de los trabajadores activos y jubilados, obligándolos a iniciar acciones judiciales que luego de ser declaradas FUNDADAS tampoco acatan y así sucesivamente.
    Cito como ejemplo real el Expediente Nº 00009-1991-0-0201-JM-CI-01, del Primer Juzgado de Huaraz – Ancash.- Primero se declarada Fundada la reclamación ante el Ex Tribunal Nacional del Servicio Civil desactivado por Fujimori, luego se declaró Fundada la demanda ante el órgano jurisdiccional y se publicó la Sentencia en El Peruano de fecha 07 de julio de 1992. Pese al tiempo transcurrido – más de 18 años – hasta la actualidad no se hace cumplir la sentencia a la demandada actual Región Ancash.
    Otro ejemplo.- La Ley ordena el pago de dos remuneraciones totales como subsidio por luto, y así lo precisa la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello la Región La Libertad paga dos remuneraciones permanentes que no es lo mismo, mientras la municipalidad provincial de Trujillo de la cual fue alcalde el Presidente Regional, sigue pagando dos remuneraciones totales mensuales, cuya diferencia es astronómica. ¡Que tal discriminación! Ver la siguiente dirección electrónica:
    http://www.munitrujillo.gob.pe:8080/portalmpt/transparencia.jsp?tr=1208

    1. La contraloría es una institución inepta.

      Tu opinión también es compartida por otras personas.

      Recomiendo lectura sobre el tema:

      ¿HAY UN REAL CAMBIO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? Comentarios preliminares a la Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. (DANTE MENDOZA ANTONIOLI y FRANK GARCIA ASCENCIOS). Publicado en REVISTA JURIDICA DEL PERU. N° 113. Julio. 2010

  3. En el caso de nosotros que pertenecemos a las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, estoy totalmente seguro que, si presentara una denuncia contra un corrupto que son la mayoria de los oficiales, y sub oficiales, sería cambiado de colocacion inmediatamenmte, sin importar lo que la ley de proteccion señala, ya que nosotros nos regimos con una Ley especial, conforme lo manada la Costitución Política del Perú, Y; bajo cualquier pretexto sea este por convenir al servicio, o por nececidad del servicio, sería cambiado de colocacion, poniendo en peligro mi estabilidad familiar. Y si soy victima de ostigamiento por mis “jefes”, quien me defendería, acaso el Ministerior de trabajo tienen competencia en muestro regimen laboral NO NO NO, la presente Ley es tinta en Papel. puesto que la mayoria de nuestros gobernantes por no decirlos todos son corruptos.

    1. Beto:

      Tienes toda la razón.

      Esta ley tiene graves problemas. Te recomiendo una lectura, que es la primera en el medio jurídico, que dice de forma clara y expresa que esta ley no sirve para nada.

      Lectura:

      ¿HAY UN REAL CAMBIO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? Comentarios preliminares a la Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. (DANTE MENDOZA ANTONIOLI y FRANK GARCIA ASCENCIOS). Publicado en REVISTA JURIDICA DEL PERU. N° 113. Julio. 2010

  4. por favor tengamos mucha responsabilidad antes de emitir vuestro voto pidamos q cambien las leyes ahora ya estamos como colombia ahora estamos nllenos jde sicarios jovencitos de 16 años que matan por nada para ellos la vida n o vale nada cuchitamiamia@hotmail.com

  5. Holas pienso q con esta ley se le esta quitando facultades al ministerio publico ya q es la unica entidad para recibir y resolver las denuncias.

  6. la contraloría de ninguna manera es una entidad lerda , es un organo de control de fachada , politizado, para que los ladronzuelos de pequeña monta caigan como pescaditos, pero los grandes oligarcas del negocio, no solo de saco y corbata, de grandes bancos tierras yates y aviones, a ellos no les alcanza la hueberia, no nono de ninguna manera , veamos a.kouri en el callao, todos sabemos que es un ladron y un hampon, donde esta ??????en suiza, haciendo que?????? guardando su platita, con quien esta ?????? con e. shutz, ohhhh judios y palestinos unidos por el mega choreo. alguien lo duda?????? y sus huestes reagrupandose con f.moreno, si vemos que este gobierno que entra con Humala, no los toca, es porque ya se alinearon politica y economicamente, osea corruptiblemente.
    colectivo.ciudadano@hotmail.com
    IP 201.240.48.128

  7. La Contraloría General y otras entidades deben tomar decisiones inmediatas y coordinadas, así demostrara que hay personas justas, y que la Ley no sea simple escritura, donde reine la delincuencia, la corrupción como en caso de Ancash, ojala intervengan al Ministerio Publico de Huaraz – Ancash, donde los trabajadores de la Fiscalía anticorrupción hacen labores a favor de los corruptos, ya que las denuncias a penas presentadas y sin calificación alguna, son informados al denunciado o delincuente, y derivado a otra fiscalía para lavarse las manos y pasear la denuncia, como es el caso del señor JAVIER AMERICO GARCIA PINEDA – GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUARAZ. La persona indicada domicilia en jirón AMADEO FIGUEROA S/N° BARRIO DE LA SOLEDAD- REFERENCIA ALTRURA DEL SPORT SOLEDAD. Distrito y Provincia de Huaraz. quien hace lo que quiera del Instituto como si fuere su casa y a los trabajadores nos trata como la suela de su zapato, hostigamiento, maltrato psicológico, memorándums a diario, entra y sale borracho, falsifica boletas de rendimiento y nadie dice nada.
    y la denuncia pese a que existen boletas adulteradas y la denuncia corresponde conocer a la Fiscalía anticorrupción por tratarse de funcionario publico esta ha sido derivada a la cuarta fiscalía de Huaraz.
    situaciones indignantes que hace que ya no se crea en justicia. florlinda20@hotmail.comn
    190.233.44.147

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