Derecho a no ser excluido arbitrariamente de una asociación

El Tribunal Constitucional al emitir sentencia en el Exp Nº 0609-2009-PA/TC, de fecha 17 de mayo del 2010 desarrolla:

La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se negaría el valor normativo del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan y tienen fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas, y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional aprecia en el presente caso, por un lado, que si bien la asociada ha sido expulsada de la Asociación a la cual pertenece, ha tenido oportunidad de realizar sus descargos por escrito. De otro lado, sin embargo, puede verse que la carta notarial de 31 de julio de 2006 (folio 316), mediante la cual se le comunica su expulsión (al igual que las Actas cuestionadas) adolece de una motivación debida por las siguientes razones: en primer lugar, no se precisa cuáles son las faltas específicas en que habría incurrido la demandante y que constituyen causal de expulsión. Lo que existe en la mencionada carta es una consideración negativa general de la gestión de la Junta Directiva presidida por don Wilber Ñahuis, pero no hay una precisión sobre la conducta individual de la demandante. Menos se ha valorado el descargo de la demandante que obra de fojas 311 a 313 del expediente.

 Asimismo, en la mencionada carta se afirma que la expulsión se ha decidido sobre la base de lo previsto en el artículo 62º del Estatuto de la Asociación. No obstante, dicho artículo es genérico por cuanto no precisa qué conductas se consideran faltas graves ni tampoco establece los criterios objetivos para la aplicación de la sanción de expulsión. Esta deficiencia del Estatuto se ha visto reflejada en la carta cuestionada, en la cual se omite precisar tales cuestiones, que son una exigencia del principio de legalidad. La demanda entonces debe ser estimada, en la medida que forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental a la asociación, “el derecho a no ser excluido arbitrariamente de una asociación; en otros términos, el derecho a no ser objeto de medidas que de modo irrazonable o desproporcionado aparten a una persona de la asociación a la que pertenece” (STC 02643-2007-AA/TC, fundamento 6).

Nuevamente DERECHO PERÚ, antes que el resto

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